La Guardia Civil detectó 33 vehículos no aptos para la circulación vendidos por toda España

El presunto fraude en la importación de autocaravanas se ha saldado con 26 empleados de estaciones de ITV de la provincia detenidos, según informó ayer la Guardia Civil. Tal como ya informó este diario, las autocaravanas fueron dadas de baja tras unas inundaciones en Francia en septiembre de 2008 y fueron revendidas después en España, a pesar de no ser aptas para la circulación, con la Inspección Técnica de Vehículos pasada. Del total de las 414 autocaravanas que fueron declaradas siniestro total, 33 fueron compradas por una empresa de Villafranqueza por un precio de 9.000 euros cada una y revendidas en hasta 17 provincias distintas de la geografía nacional por precios que oscilan entre los 35.000 y los 40.000 euros. El precio de mercado era de entre 42.500 y 56.600 euros, según el modelo, por lo que se estima que el fraude supera el millón de euros. Las caravanas fueron vendidas como no matriculadas y sin kilómetros, cuando se trataba de vehículos siniestrados no válidos para circular. El número total de implicados es de 27. De ellos, 21 son inspectores de las estaciones de ITV de Alicante y Benidorm, a los que se suman otros cinco ingenieros y el empresario que importó las roulottes, que fue el primer arrestado. Se les imputan delitos de falsedad documental, contra la propiedad intelectual y estafa.

Todos los vehículos que resultaron afectados en las inundaciones de Francia fueron declarados siniestro total y no aptos para la circulación, al haber resultado gravemente dañados en su estructura interior, que principalmente era de madera. Según la Guardia Civil, este material es incompatible con la inmersión en el agua y produce putrefacción y descomposición con el tiempo. Las autocaravanas fueron enviadas a la República Checa para su desguace y extraer las piezas que fueran recuperables. Sin embargo, la empresa que tenía que haber realizado estos trabajos volvió a poner en el mercado los vehículos, soldando los largueros cortados y sustituyendo las chapas y números de identificación por pegatinas y nuevos troquelados. Las autocaravanas fueron importadas desde Alicante, sin facturas con IVA, ni garantía, ni Certificado de Conformidad. Según la Benemérita, para su matriculación en España estos vehículos tuvieron que pasar varios trámites e informes favorables que nunca debieron haber obtenido, puesto que no se ajustan a ninguna normativa. Las mismas fuentes precisaron que los ingenieros expidieron 27 tarjetas de ITV falsificadas, puesto que las fichas reducidas fueron confeccionadas por un ingeniero industrial no facultado para su expedición al haber sido importadas por una empresa y no por un particular; y otras tres que tampoco cumplían la Directiva Europea.

Las autocaravanas deberían haber sido destruidas para poder acceder al mercado de compraventa solo por piezas, señaló la Guardia Civil, que añadió que en su lugar se utilizó un procedimiento no reglado para su legalización en España, falsificando las fichas reducidas de los ingenieros, como paso previo a la obtención de la tarjeta, sin que los inspectores detectaran las graves anomalías que presentaban los vehículos, expidiendo inspecciones favorables. Sus defectos están calificados como graves en los manuales de las ITV.

Fuente original: Diario Información.

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