Un pontevedrés, víctima de una red de timadores de caravanas

Los estafadores vendieron vehículos «gravemente dañados» como nuevos

Un vecino de Pontevedra figura entre las numerosas víctimas de una macroestafa a nivel nacional que ha sacado a la luz una investigación de la Guardia Civil de Alicante con la colaboración, entre otras, de la Comandancia de la ciudad del Lérez. Por el momento, el operativo policial se ha saldado con la detención de veintisiete personas, de las cuales veintiuna son inspectores de estaciones de ITV, cinco son ingenieros técnicos industriales y el último de los sospechosos es el gerente de la empresa que importó la treintena de autocaravanas que se encuentran en el trasfondo de este timo.

Esta remesa de vehículos forma parte de los más de cuatrocientos que, a principios de septiembre del 2008 en Francia, sufrieron las consecuencia de unas inundaciones. Todas las autocaravanas fueron declaradas siniestro total y no aptas para circular, dado que resultaron «gravemente dañadas en su estructura interior, principalmente de madera, incompatible con la inmersión en agua que produce putrefacción y descomposición».

Ante estas circunstancias, fueron adjudicadas para desguace a una empresa checa. Eso sí, primeramente se les retiró «las matriculas, las chapas con los números de identificación y contraseñas de homologación». También fueron cortados los largueros que sujetan el suelo de la vivienda. Sin embargo, esta compañía decidió poner en el mercado los vehículos, para lo cual no dudó en soldar los largueros y sustituir los dispositivos de identificación de los vehículos.

Facturas sin IVA

La Guardia Civil ha determinado que, posteriormente, una firma alicantina se hizo con 33 autocaravanas, por las que habría abonado nueve mil euros por cada una de ellas. Eso sí, «careciendo de factura con IVA, de garantía y de certificado de conformidad».

Los investigadores consideran que el papel de los inspectores de ITV fue crucial para formalizar su matriculación en España. No en vano, «tuvieron que pasar varios trámites e informes favorables, que por las características y procedencia de las autocaravanas nunca debieron haber obtenido, puesto que no se ajustan ni a la normativa europea ni a la nacional».

Lo cierto es que, pese a su declaración en Francia como siniestro total, los automóviles fueron vendidos como nuevos en distintos puntos del territorio nacional. De hecho, el pontevedrés, al igual que el resto de compradores, abonó entre 35.000 y 40.000 euros por unas autocaravanas «defectuosas», «cuando su precio de mercado oscilaba entre 42.500 y 56.600 euros, según modelo».

La Guardia Civil no solo sostiene que los detenidos pusieron en riesgo la seguridad de los usuarios, sino que calcula que el montante de la estafa podría superar el millón de euros.

Fuente original: La Voz de Galicia.

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